César Martínez
Por todo lo declarado ayer por funcionarios de alto perfil
del FBI, del Departamento de Justicia y del Servicio de Rentas Internas (IRS
por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos sobre mantener limpia
la práctica del fútbol en países en vías de desarrollo y defender el carácter
igualitario de este deporte alrededor del globo, lo cierto es que los 14
acusados (nueve dignatarios de la FIFA más cinco ejecutivos de corporaciones
comerciales) llevan ante sí evidencia inculpatoria de haber roto la ley en
Estados Unidos: no de haberlo hecho en los países en vías de desarrollo ni
alrededor del globo, sino pura y exclusivamente en Estados Unidos.
Aunque desde luego la presencia de la Fiscal General de
EEUU, Loretta Lynch, dotó de altura al asunto porque fue ella quien presentó
las acusaciones más graves sobre corrupción y asociación delictuosa que conllevan
penas individuales de hasta 20 años de cárcel, fueron las palabras del jefe del
IRS, Richard Weber, las que nos dan las pistas acerca de cómo se descubrió este
esquema de peores prácticas al interior de FIFA, Concacaf y Conmebol. Cuando
tomó el micrófono, Weber citó los once millones de dólares no declarados al fisco
en ingresos personales de Charles ‘Chuck’ Blazer, quien desde 2013 se declaró
culpable de los cargos desde el puesto de Secretario General de la Concacaf, el
cual ostentó hasta 2011.
Las autoridades estadounidenses estaban pues ante un caso
simple de evasión de impuestos que por supuesto invitaba a la duda razonable a
través de una inducción. Es decir, bastaba con preguntarle a Blazer lo de
oficio para descubrir la parte de este iceberg que está debajo del agua: ¿Quién
(o quiénes) te dio esos once millones? ¿En vista de qué funciones dentro de la
Concacaf te fueron dados? ¿Por concepto de qué? ¿Con qué facturas? ¿En qué
banco o en cuáles bancos?
Las respuestas a estas preguntas permiten saltar del caso
sencillo de evasión fiscal a los 14 casos de corrupción y asociación delictuosa
que violan las leyes en Estados Unidos. Lynch, Weber y los otros funcionarios
se pasaron la conferencia de prensa haciendo hincapié en que los imputados
corrompieron el mandato legítimo de la FIFA (extender la práctica del fútbol
por todo el orbe) para obtener beneficios personales mediante la conspiración
y/o conflicto de interés con ciertos ejecutivos comerciales para dirigir la
asignación de contratos de mercadeo de los torneos organizados por las
asociaciones arriba mencionadas: la Copa Oro y la Copa América. La acusación es
contundente porque haberla dejado en mera corrupción pudo implicar la sola idea
de uno o varios miembros malversando fondos propios de la institución: incluir
el caso por asociación delictuosa nos presenta una escena más compleja y
completa en la cual miembros de una asociación internacional sin fines de lucro
entran en confabulación con ejecutivos de corporaciones mercantiles (sean éstas
de distribución de entradas a los estadios, de posesión de derechos televisivos
o de explotación publicitaria) para generar ganancias ilegítimas. Un fraude.
Terminada la presentación pública del esquema general de las
14 acusaciones, los funcionarios estadounidenses dieron paso a las preguntas de
la prensa. Los periodistas más astutos cuestionaron los métodos específicos
para recaudar la evidencia (¿intervención de cuentas bancarias? ¿de
conversaciones telefónicas bajo el amparo de disposiciones anti-terrorismo?) y
del mismo modo los funcionarios declinaron -legalmente- entrar en detalle. La
conferencia fue prácticamente la exposición pública de la inducción que llevó
del caso Blazer hasta los 14. El curso de los procesos de extradición en suelo
suizo, y de sus apelaciones, y de los juicios en suelo estadounidense, y de sus
apelaciones, dictará qué porcentaje del iceberg sondearemos.
Para lo que no hay tiempo de espera es para intentar
aproximarse al proceso de descomposición política de la FIFA. Del mismo modo
que el Gobierno de Estados Unidos fundamentó sus cargos más graves a partir de
las pesquisas de la evasión fiscal de Blazer, esto es, a partir de una
inducción apoyada en evidencia e investigación, del mismo modo se puede
fundamentar el proceso de descomposición de la FIFA a partir de otra inducción
basada en teoría y hechos.
En su más reciente libro, Political Order and Political Decay, el muy conocido politólogo
Francis Fukuyama sugiere que cualquier orden político (él habla concretamente
de estados, pero no veo el porqué no aplicarlo también a organismos
internacionales) es sujeto de sufrir decadencia. Según él, la decadencia se
observa cuando las tres instituciones que componen el orden político -estado de
derecho, burocracia y rendición de cuentas- son incapaces de cumplir las
funciones para las que fueron creadas (proteger derechos, procurar justicia,
garantizar acceso equitativo a la participación política, proporcionar salud
y/o bienestar económico etcétera).
¿Cuáles son los dos procesos más comunes por los que las
instituciones del orden político decaen? Uno, la incapacidad de las
instituciones para adaptarse a nuevos tiempos, el anquilosamiento; y dos, la
'repatrimonialización', la captura de dichas instituciones por parte de
oligarcas dentro y fuera del sistema. Lo novedoso en la entrega de Fukuyama es
la tesis de que un orden político moderno se alcanza secuencialmente: primero
debe existir ley y ésta debe aplicarse, después debe existir burocracia
autónoma en pos de la eficacia y sólo al final debe sujetarse ésta a la
rendición de cuentas.
Vista así, antes de entrar en decadencia, la FIFA había
alcanzado mediante un desarrollo secuencial como el propuesto por Fukuyama un
orden político moderno. El poder y la soberanía de la FIFA sobre el mundo del
fútbol profesional, podría argumentarse, reside esencialmente en su estatuto 68
que prohíbe explícitamente el recurso a la justicia ordinaria de cualquier
país. De esto se desprende que la FIFA tiene su propia magistratura -el Comité
Disciplinario- y además se adhiere al Tribunal de Arbitraje Deportivo como
instancia última e inapelable de ratificación de dictámenes. La FIFA en otras
palabras logró convertirse en un ente autónomo a la soberanía de los estados
nacionales a través de su estatuto 68 que, de violarse por un particular,
acarrea sanciones tan duras como la suspensión de federaciones nacionales
-selecciones- de fases finales de la Copa del Mundo. Como un ejemplo, el ex
futbolista Salvador Carmona, quien fue sancionado por dopaje positivo durante
la Copa Confederaciones de Alemania 2005, varias veces declaró a los medios
haber desistido de demandar a la Federación Mexicana de Fútbol vía la justicia
civil por miedo a que una eventual suspensión para la Selección Mexicana del
Mundial del 2006 tuviera consecuencias sobre él y su familia.
En términos políticos, la consolidación de su propio Estado
de Derecho permitió a la FIFA desarrollar una burocracia eficiente, eficaz y
expedita. Y con grados altísimos de autonomía, poder de negociación, respecto a
intereses económicos y políticos igual o más poderosos. Hasta ayer, el mundo
del fútbol seguía sus propias reglas: a Colombia en 1985 le fue retirada la
organización del mundial de 1986 y en un pestañeo la FIFA había ya encontrado
sede alternativa; en 2012 el futbolista brasileño Matuzalem rompió el estatuto
68 recurriendo a la Suprema Corte Federal de Suiza para echar abajo un dictamen
del Comité Disciplinario y del TAS y aún así el organismo controló los daños
haciendo reformas cosméticas a sus estatutos; federaciones africanas
intervenidas por sus gobiernos fueron sancionadas por FIFA en su camino a
diversos mundiales. Ejemplos de una burocracia autónoma, acaso también moderna,
sobran.
Sin embargo las dos fuentes de decadencia política
permanecieron latentes durante la 'época moderna' de la FIFA: el
anquilosamiento de sus instituciones y su captura por parte de agentes de poder
al interior y al exterior de su burocracia. El estatuto 68 es una especie de
'bypass' a la justicia ordinaria, pero no a la justicia penal. El estado de
derecho FIFA, y por ende su extraterritorialidad a la soberanía de los estados
nacionales, siempre fue susceptible de que las autoridades judiciales de un
gobierno con la voluntad política y los recursos técnicos para investigar la
corrupción encubierta al amparo de su mandato legítimo tomasen cartas en el
asunto. Por otro lado, la 'repatrimonialización', es decir, la captura de las
instituciones o formación de una oligarquía, en términos de Fukuyama, fue
puesta en evidencia cuando Loretta Lynch mencionó que uno de los modus operandi
más comunes en esta conspiración era el pago de sobornos por parte de los
ejecutivos de ciertas corporaciones mercantiles a los nueve dignatarios FIFA
señalados para asegurar contratos y, más importante todavía, marginar y excluir
a corporaciones mercantiles competidoras. Por ello Lynch sugirió que la
evidencia apunta a que la Copa América Centenario -a organizarse en Estados Unidos-
involucra costos extralegales por 110 millones de dólares: tanto así como una
tercera parte de sus costos legítimos.
Una inducción a partir de los ingresos no declarados de
Chuck Blazer permitió al FBI, al Departamento de Justicia y al IRS de Estados
Unidos fundamentar cargos gravísimos por asociación delictuosa, fraude y
corrupción contra la FIFA. Organismo que, a partir de ahora, y desde una aproximación
apoyada en la propuesta de Francis Fukuyama debe ser visto como un caso de
estudio fascinante de modernidad y decadencia: cuando una burocracia logra
demasiada autonomía y no está sujeta a rendir cuentas.
@CesarKickoff
